La Plataforma denuncia que se ha sustraído a la comunidad educativa del sano y democrático debate que debe acompañar la aprobación de toda ley. La democracia social y participativa ha dejado de serlo de manera efectiva y plena en estos últimos meses.
En vez de aplazar los debates de la Ley a otro momento más oportuno, el Gobierno ha preferido aprovechar estos dramáticos momentos para acelerar su nueva Ley, sin debate y sin consenso, e introducir cambios de gran calado en su articulado que conducen hacia el dominio sistémico del Estado, dotando a las Administraciones de facultades cada vez más amplias en detrimento de las familias como primeras educadoras de sus hijos.
De hecho, la LOMLOE elimina la demanda social y permite distribuir a los alumnos por centros reduciendo significativamente la elección educativa de las familias, un derecho avalado por la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Se inventa un derecho a la educación pública -cuando el derecho reconocido en la Constitución es el derecho a la educación-; la enfrenta al modelo de educación concertada, ampliamente implantado en Europa, rompiendo la complementariedad de redes recogida en la Constitución; devalúa la enseñanza de la asignatura de Religión en la escuela aplicando un laicismo impropio y pone en duda la supervivencia de los centros de educación especial, entre otros aspectos.
Para la Plataforma Más Plurales, como ha afirmado Muñoz de Priego, “la LOMLOE es una ley que acentúa aún más el papel intrusivo del Estado en la educación de nuestro país en detrimento de las libertades públicas”. El objetivo fundamental de la Ley Celaá, consensuada entre el PSOE y Unidas Podemos, consiste en ensanchar el espacio de la escuela pública todo lo que permitan los presupuestos y la aguda crisis de natalidad que padecemos en detrimento de la libertad de las familias, que queda en un segundo plano. Con esta ley, la enseñanza concertada se convierte de hecho en subsidiaria de la enseñanza pública.
Algunos datos:
- Más de 260.000 profesionales, docentes y no docentes, que ven peligrar la continuidad de sus centros y sus puestos de trabajo.
- Cerca de 4 millones de familias a las que se limita el derecho a elegir el tipo de educación que quieren o mejor se adecúa a las necesidades de sus hijas e hijos.
- Los más de 3 millones de alumnos que eligen voluntariamente, en centros de titularidad pública y privada, cursar la asignatura de religión relegada a un segundo plano en la nueva ley.
- Más de 9.300 centros de la red concertada y privada que ven peligrar la continuidad de sus proyectos educativos.
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